Durante décadas, las democracias
europeas y su proceso de integración económica –que avanzó luego en los
terrenos de la política, la educación y la seguridad— fueron considerados
modelos avanzados de régimen político y de voluntad e inteligencia de los
Estados para poner por delante sus intereses y objetivos de fondo, resignando
parte de su autonomía en pro de las ventajas que ofrecían la cooperación y la
integración regional.
“Eso tenemos que hacer nosotros.” Las
ideas y los valores que hacen tanto al modelo de democracia occidental como al
de integración europea no fueron cuestionados –y, aún hoy, en el marco de una
crisis económica cuyo horizonte temporal tiende a expandirse y de crisis
políticas en todos los países del sur de Europa— siguen rodeados de un halo de
cierto esplendor.
Pero son las propias ciudadanías
europeas, sobre todo las de España, Chipre, Italia, Grecia y Portugal, las que
más severamente cuestionan la performance de sus propias democracias y, sobre
todo, las consecuencias extremadamente crudas de un proceso de integración
avanzado entre economías tan desiguales.
Con el telón de fondo de crisis
financieras incontrolables, una moneda única difícilmente sostenible y un
brecha cada vez más ancha entre los “ricos del norte” y los “pobres del sur” (de
Europa) las ciudadanías cuestionan el carácter no democrático del sistema de toma de
decisiones de la Unión Europea ,
curiosamente, una forma no democrática de relación entre Estados democráticos.