La situación en
Siria y las decisiones de las potencias globales reflejan los dilemas y
carencias del orden internacional contemporáneo. Han pasado casi 25 años desde
el fin de la Guerra Fría y 12 desde los ataques terroristas a las Torres
Gemelas. Se esperó inicialmente que Naciones Unidas fuera el punto de
referencia y legitimación de las acciones que se llevaran a cabo toda vez que
se quebrantara la paz o se pusiera en peligro la seguridad internacional.
Se avanzó en definir
a esta última no sólo en términos de guerras entre Estados sino también con
referencia a violaciones masivas de los derechos humanos o situaciones en que un
Estado ejerciera la violencia contra su ciudadanía en forma sostenida.
Los límites de
la Comunidad Internacional al respecto no se fijaron con claridad. Más bien
quedaron librados a la reacción de la opinión pública internacional, un actor difuso
y volátil pero de importancia crucial en nuestra era. Al mismo tiempo, cobró
centralidad el control de las armas de destrucción masiva y se prestó
particular atención a las armas químicas, por ser de fácil fabricación y, a
diferencia de las nucleares, pasibles de un empleo acotado.
Estas fueron,
más o menos, las reglas del orden internacional emergente. Tras los ataques a
las Torres Gemelas, el presidente Bush las ignoró en forma explícita –su
discurso acerca de las Naciones Unidas en febrero de 2003, poco antes de la
invasión a Irak, fue elocuente al respecto.
A lo largo de
todo este trayecto, la ausencia de amenazas de guerra permitió una cómoda
abstención de la mayor parte de los miembros de la Comunidad Internacional,
primero frente a las crisis humanitarias y luego ante los avances de los
Estados Unidos.
Al mismo tiempo,
la primera potencia militar siguió siendo vista como la responsable de resolver
las situaciones de crisis en, prácticamente, cualquier lugar del planeta. Hoy,
con más de 100.000 muertos, el probado empleo de armas químicas y dos años de
guerra civil en Siria, estas líneas generales parecen en principio
inalterables.
