El pedido de liberación de cinco detenidos en la base de Guantánamo por cuestiones vinculadas al terrorismo formulada días atrás por el gobierno británico ha generado un intenso debate en los Estados Unidos, que pone de relieve la complejidad de la lucha contra el terrorismo y los crecientes dilemas que enfrenta el gobierno de Bush, más allá de los escenarios bélicos de Irak y Afganistán.
Según un artículo publicado en el periódico The New York Times, funcionarios del Pentágono reaccionaron rápidamente ante el pedido británico y plantearon que el nivel de peligrosidad de los detenidos requiere que, antes de empezar a hablar de su deportación, se sepa qué piensa hacer el Reino Unido con ellos.
Si bien esto pudo tocar las sensibilidades del gobierno y del sistema judicial británicos, lo cierto es que ha habido ya numerosos casos de ex prisioneros que volvieron de inmediato a la actividad terrorista tras su liberación.
Por otra parte, la cuestión de abusos y violaciones a los derechos humanos en la base de Guantánamo ha planteado a la justicia norteamericana sucesivos casos de difícil resolución debido a la carencia de garantías sobre el futuro de los detenidos en casos de ser devueltos a sus países.
Para agregar a las dificultades, el Pentágono ha difundido un informe según el cual, de los 360 detenidos actuales, unos 150 podrían ser liberados, sin especificar cuál sería el destino de los mismos ni las condiciones de su liberación. De los 210 restantes, el Pentágono sostiene que existe suficiente evidencia para enjuiciar a unos 80 detenidos por crímenes de guerra. Pero hay 130 detenidos que deberían ser mantenidos en prisión en forma indefinida, ya que no existe evidencia útil judicialmente pero sí información de inteligencia que desaconseja su liberación.
Pero las críticas internacionales por la base de Guantánamo han crecido exponencialmente y los frecuentes reportes sobre la misma se han vuelto una incómoda fuente de desprestigio para los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Bush se encuentra así ante una encrucijada de difícil resolución ya que, por una parte, las crítica y presiones para que cierre la base crecen día a día y, por otra parte, las dificultades legales y políticas para deshacerse de los prisioneros han mostrados ser altamente complejas.
Contradecir las demandas de su propia política antiterrorista resulta casi imposible para la Administración Bush. Pero mantener la base se ha vuelto demasiado costoso. Al mismo tiempo, el destino de los prisioneros plantea serias dificultades. A los casos de quienes temen ser deportados y plantean cuestiones de derechos humanos al carecer de garantías en su país de origen, se suman los países que se resisten a recibir a los ex prisioneros. Y también, como dijimos, hubo casos de ex prisioneros que volvieron a la actividad terrorista tan pronto fueron liberados.
El Departamento de Estado ha reconocido este dilema y un alto funcionario expresó que Estados Unidos no desea ser anfitrión de una cárcel para el mundo, pero tampoco quiere ver cómo caminan libremente criminales de reconocida peligrosidad.
Andres Fontana
Según un artículo publicado en el periódico The New York Times, funcionarios del Pentágono reaccionaron rápidamente ante el pedido británico y plantearon que el nivel de peligrosidad de los detenidos requiere que, antes de empezar a hablar de su deportación, se sepa qué piensa hacer el Reino Unido con ellos.
Si bien esto pudo tocar las sensibilidades del gobierno y del sistema judicial británicos, lo cierto es que ha habido ya numerosos casos de ex prisioneros que volvieron de inmediato a la actividad terrorista tras su liberación.
Por otra parte, la cuestión de abusos y violaciones a los derechos humanos en la base de Guantánamo ha planteado a la justicia norteamericana sucesivos casos de difícil resolución debido a la carencia de garantías sobre el futuro de los detenidos en casos de ser devueltos a sus países.
Para agregar a las dificultades, el Pentágono ha difundido un informe según el cual, de los 360 detenidos actuales, unos 150 podrían ser liberados, sin especificar cuál sería el destino de los mismos ni las condiciones de su liberación. De los 210 restantes, el Pentágono sostiene que existe suficiente evidencia para enjuiciar a unos 80 detenidos por crímenes de guerra. Pero hay 130 detenidos que deberían ser mantenidos en prisión en forma indefinida, ya que no existe evidencia útil judicialmente pero sí información de inteligencia que desaconseja su liberación.
Pero las críticas internacionales por la base de Guantánamo han crecido exponencialmente y los frecuentes reportes sobre la misma se han vuelto una incómoda fuente de desprestigio para los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Bush se encuentra así ante una encrucijada de difícil resolución ya que, por una parte, las crítica y presiones para que cierre la base crecen día a día y, por otra parte, las dificultades legales y políticas para deshacerse de los prisioneros han mostrados ser altamente complejas.
Contradecir las demandas de su propia política antiterrorista resulta casi imposible para la Administración Bush. Pero mantener la base se ha vuelto demasiado costoso. Al mismo tiempo, el destino de los prisioneros plantea serias dificultades. A los casos de quienes temen ser deportados y plantean cuestiones de derechos humanos al carecer de garantías en su país de origen, se suman los países que se resisten a recibir a los ex prisioneros. Y también, como dijimos, hubo casos de ex prisioneros que volvieron a la actividad terrorista tan pronto fueron liberados.
El Departamento de Estado ha reconocido este dilema y un alto funcionario expresó que Estados Unidos no desea ser anfitrión de una cárcel para el mundo, pero tampoco quiere ver cómo caminan libremente criminales de reconocida peligrosidad.
Andres Fontana
