Tenga gran cuidado todo gobernante cuyos argumentos para involucrarse en un conflicto sean, al final del mismo, menos convincentes que al principio.
Este axioma estratégico describe uno de los principales desafíos que enfrentan hoy las potencias Occidentales involucradas en Libia y Afganistán, tentadas de ir a Siria y ausentes en su momento en lugares donde debieron estar (Ruanda, por ejemplo).
No hay un orden internacional efectivo que establezca dónde se debe actuar, con qué medios, con qué plazos, con qué objetivos. Los Estados se involucran en conflictos que no son propios. En parte por intereses (petróleo, áreas de influencia), en parte por valores humanitarios, en parte por presión de la opinión pública local e internacional.
Ninguno de esos motivos tiene que ver con una amenaza o con la posibilidad efectiva de neutralizarla cuando la hubiere. Son guerras carentes de objetivos claros, y cuando éstos se aclaran, se observa que los medios empleados son inadecuados.
Los ejércitos han sido preparados y diseñados para la guerra, no para la aplicación del derecho internacional, ni la confrontación con organizaciones clandestinas, sean terroristas, narcotraficantes, o grupos paraestatales.
En intervenciones militares de este tipo, el fracaso es probable y el marco de legitimidad que sirvió inicialmente deja de serlo después de un tiempo. Y se inicia el “Plan B” (cómo salir dignamente).
Ningún estratega tradicional aconsejaría emplear medios militares para otra cosa que no sea la victoria, o la defensa inevitable del propio territorio. Jamás para buscar luego una “salida honrosa.”
Sin embargo, la historia se repite, y los miembros de la OTAN despliegan medios militares sofisticados, buscan resultados rápidos, televisivos y, en lo posible, sin bajas en las propias filas.
